La nueva Ley de Voluntariado recoge las propuestas de la Fundación y de MSF en favor del trabajo de los profesionales sanitarios en emergencias humanitarias

Los profesionales sanitarios que prestan servicio en los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud podrán acceder a un permiso para participar en actividades de cooperación en emergencias humanitarias, manteniendo la reserva de la plaza y se les considerará en situación de servicio activo, según reconoce la Ley del Voluntariado aprobada por el Congreso en octubre.

FOTO: OCHA/Gemma Connell. Aleppo (Siria)

El 31 de enero de 2014, se firmó el Convenio de Colaboración entre la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC y la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), para la revisión de la normativa aplicable al personal estatutario y laboral de los servicios públicos de salud, en su desempeño como cooperantes en emergencias humanitarias, en virtud de los derechos y deberes contemplados en el Real Decreto 519/2006, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes.

Desde distintas instancias del mundo de la cooperación, como las ONG´s y, particularmente en el caso de ambas organizaciones, los propios cooperantes sanitarios solicitaban, desde su experiencia personal en estos años transcurridos, una revisión de aspectos muy concretos de la normativa aplicable a su situación profesional, a través de una mejora en sus contenidos y en la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que desarrollan políticas en esta materia.

A pesar de contar con una herramienta tan importante como el Estatuto de los Cooperantes, la complejidad de nuestro modelo territorial español y la dispersión normativa a él asociada, dificultan que el conjunto del colectivo cuente con idénticas condiciones y garantías en cuestiones laborales, según la Comunidad Autónoma a la que estén adscritos.

Desde la firma del convenio, ambas organizaciones han trabajado con las instituciones para impulsar desde la Administración Central del Estado un marco normativo de mínimos, consensuado con la CCAA y por tanto de aplicación en todo el ámbito estatal, que garantice los derechos laborales de los cooperantes sanitarios cualquiera que sea la Comunidad a la que esté adscrito. El objetivo no es otro que el de conseguir que en la práctica no se penalice, como ha venido ocurriendo en muchos casos hasta ahora, la carrera laboral de los profesionales sanitarios cuando se ofrecen para trabajar puntualmente en emergencias humanitarias.

Después de un año y medio de trabajo con las instituciones implicadas, finalmente este mes, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, recogiendo en su Disposición Adicional Tercera, artículo 24, referente a la “Participación de personal del Sistema Nacional de Salud en emergencias humanitarias”, nuestras propuestas de mejora y poniendo, finalmente, en valor el trabajo de los profesionales sanitarios que intervienen en las mismas.

La nueva Ley reconoce la labor que desempeña el cooperante sanitario en situaciones de emergencia humanitaria. Su trabajo se desarrolla, en la mayor parte de los casos, en condiciones extremas y aun a costa de poner en riesgo su propia integridad física y psicológica. Así, el personal que presta servicios en los Centros e Instituciones del Sistema Nacional de Salud podrá disfrutar de un permiso de tres meses prorrogable a seis meses, para participar en emergencias humanitarias, manteniendo la reserva de la plaza, considerándosele en situación de servicio activo.

Además, durante la vigencia del permiso, el tiempo trabajado se computará a efectos de trienios y a efectos de carrera profesional. Asimismo, el tiempo de trabajo realizado durante el permiso para participar en emergencias humanitarias será objeto de valoración como mérito, como servicios prestados a la Administración de la que dependan, tanto en los procesos selectivos para acceder a la condición de personal estatutario fijo, como en los procesos de provisión de plazas de personal estatutario, fijo y temporal, regulándose así mismo la gestión de la bolsa de empleo para no perder la plaza.

Desde el respeto a las propias competencias en la materia, las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas cuentan partir de ahora con una normativa de referencia a la que poder adherirse. El objetivo es alcanzar un marco común para el reconocimiento de los derechos laborales de los cooperantes sanitarios en todo el Estado. Para ello desde la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC y la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), se seguirá trabajando, ahora a nivel autonómico, para conseguir desde el consenso la aplicación de la normativa aprobada ya en el Congreso en todas las Comunidades Autónomas.